Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
El gobierno de Chile ha desperdiciado una inmejorable oportunidad de demandar justicia por uno de los tantos casos de abusos, perversión y violación de los derechos humanos durante la dictadura: la sustracción y venta en el extranjero de numerosos recién nacidos separados de sus madres y familiares, todos ellos de escasos recursos.
Era la gran ocasión para aclarar lo ocurrido y desenmascarar a oficiales de las FF.AA. que entonces aparecían como “autoridades”, quienes con la colaboración de médicos y enfermeras sin otra alternativa estuvieron largos años sacando guaguas fuera del país para “comercializarlas” a buen precio.
Entre 1973 y 1989 por lo menos 20 mil bebés fueron abruptamente apartados de sus madres, modestas mujeres que habían acudido a hospitales públicos para dar a luz, pero tras el parto se encontraron con la sorpresa de que el niño había “fallecido” al nacer según la rápida explicación que se les dio.
Los agentes de la dictadura en realidad no hacían otra cosa que sumarse a los objetivos del capitán general: destruir al mundo popular, exterminar a las familias chilenas pobres, hacer desaparecer a sus integrantes y terminar haciendo un pingüe negocio en el exterior.
Hace un año – febrero de 2024 – Chile fue escenario de diversos acontecimientos que concitaron la atención de la opinión pública. Allí estuvieron el mega incendio de Viña del Mar y Quilpué; la muerte accidental de un ex presidente de la República; la llegada a Santiago de un grupo de chilenos secuestrados y vendidos a poco de nacer; y el crimen de un ex militar venezolano expulsado del ejército de su país por traición a la patria.
Aunque la violenta ola de delincuencia ha costado la vida de numerosos ciudadanos extranjeros, La Moneda ha dado exclusiva prioridad al último de los hechos señalados. Ello ha tenido al gobierno chileno en permanentes declaraciones y acusaciones contra el régimen socialista de Caracas en pleno conocimiento que ese ex militar había venido a Chile para participar en una conspiración internacional destinada a derrocar al presidente Maduro.
En cambio, en todo un año no hubo pronunciamiento alguno en torno a esos miles de compatriotas cuya suerte desde muy pequeños corría riesgo en manos de altos funcionarios del régimen castrense. No hubo interés ni voluntad política pese a que las víctimas fueron un grupo numeroso de chilenos entregados con premeditación y alevosía, previo pago, a gente desconocida a través de agencias de adopción en forma irregular.
A mediodía del domingo 18 de febrero del año pasado el aeropuerto de Santiago fue el lugar en que cinco chilenos – ahora convertidos en ciudadanos estadounidenses – con edades entre los 40 y 50 años se reencontraron con sus madres biológicas, con sus padres, hermanos y otros parientes cercanos. Fueron emotivos momentos de cariñosos besos y abrazos que no habían conocido nunca antes.
El reencuentro se produjo por gestiones de la fundación norteamericana Connecting Roots. Se trata de una fundación privada con alto sentido de solidaridad que monitorea y comprueba estos casos mediante exámenes de ADN, lo que le permite llegar a sorprendentes resultados.
Juan Luis Insulza, vicepresidente de ese organismo, explica que las guaguas fueron llevadas a Estados Unidos para ser vendidas a través de agencias de adopción. Los papás que querían acceder a esas adopciones lo que hacían era completar los trámites normales, eran evaluados por asistentes sociales y un informe de la iglesia para constatar si podían o no llevar a cabo este procedimiento. Más de 20 mil guaguas salieron de Chile bajo esta figura de adopción forzada.
Agrega Insulza que “en este proceso ilegal finalmente todos podían adoptar. Sin embargo, las familias norteamericanas no sabían que estaban causando un dolor enorme porque estaban comprando a un recién nacido que tenía padres en Chile”.
Se sabe asimismo de pequeños que permanecían enfermos internados en hospitales públicos en Santiago u otras ciudades que también fueron secuestrados y llevados al extranjero para ser vendidos. En la época dictatorial nadie podía emitir una sola palabra que contrariara las determinaciones del poder castrense.
Las familias que se reencontraron en el aeropuerto de Santiago no terminan de agradecer a la citada fundación norteamericana por su trabajo solidario de muchos años que ha permitido el esclarecimiento de tantos casos que estuvieron por décadas en la oscuridad.
En Chile para muchos este dramático tráfico de guaguas de pocos días o pocas semanas de vida ha pasado inadvertido y no se sabe de autoridad política alguna que se haya movilizado para impedir que todo ello siga aún en la impunidad más absoluta.
A estas alturas ya llegó y pasó febrero de 2025, y ha transcurrido un año desde que este ingrato episodio fuera repuesto por los propios afectados, sin que la autoridad política haya movido un dedo exigiendo verdad y justicia, y su desinterés ha sido sorprendente.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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