PRIVATIZACIÓN DE LA PESCA

Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO

              Los pescadores artesanales de Chile  están protagonizando un nuevo y decisivo episodio en su dura y sostenida lucha  por evitar su extinción  que era sin duda el objetivo final de la llamada ley Longueira, promulgada en el primer periodo del fallecido presidente Piñera cuyos coletazos se prolongan hasta hoy reflejando los intereses monopólicos del poder del dinero.

              El citado cuerpo legal, considerado el más corrupto de la historia legislativa  del país, comenzó a ver la luz el 10 de julio de 2012  en la comisión de pesca de la Cámara de Diputados en forma acelerada y bajo presión del Ejecutivo buscando favorecer a un grupo de familias adineradas ubicadas en el ámbito de quienes son conocidos como los dueños de Chile.

              Longueira era a la fecha dirigente de la UDI pinochetista, precandidato presidencial y ministro de Economía, y fue gran impulsor de esa iniciativa que luego fue aprobada por la sala de la Cámara Baja y del Senado. Los políticos votaron incentivados no precisamente por buenas razones,  en favor de siete familias: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, rostros del sector industrial que se quedaron con un importante porcentaje mayoritario de las faenas de extracción.

              La concentración de recursos en manos de un reducido número de empresas  incrementa la desigualdad entre los distintos actores del sector pesquero. Esta es una realidad que los mezquinos intereses del modelo no quieren ver y tratan de ignorar este tema al igual como desconocen gran parte del acontecer nacional.

              Actualmente Chile ocupa el décimo lugar de la producción pesquera en el mundo, pero no lo parece.  Lo que está a la vista es la avaricia y la actitud prepotente  de un pequeño grupo de multimillonarios inversionistas que trata de quedarse con estos valiosos recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos.

               Aunque los peces son propiedad de  la nación, hace años hubo un gobierno que obsequió los recursos pesqueros a la gran industria. Esta posee los medios, servidores y el equipamiento necesario para las faenas de extracción destinadas a su propio beneficio y a multiplicar sus cuantiosas ganancias.

               Afectados  al punto que han ido desapareciendo, los artesanales  se movilizan ahora  por la ley de fraccionamiento que La Moneda ingresó al Congreso en septiembre pasado, porque necesitan que se aprueben  determinadas cuotas de extracción que les permita  al menos sobrevivir. Piden 70% para la pesca artesanal  del recurso merluza común,  un 90% de la jibia y un 30% del jurel, asegurando la sustentabilidad y terminando con los afanes depredadores.

              Desde las esforzadas caletas se afirma que “el cáncer en el mar se llama pesca industrial”. Aunque pareciera que el trabajo se está acabando,  mantienen en alto sus convicciones  y su determinación de seguir adelante, esperando de la casta política la aplicación de medidas que posibiliten reparar el daño que se les ha causado y desvirtuar la aseveración de que la crisis es irreversible.

              En este país en que está todo privatizado, las mayorías resultan damnificadas: lo que ocurre con las pesquerías refleja  las desigualdades  e injusticias  que mantienen estancada a la sociedad chilena,  en que los intereses de los poderosos intentan borrar al mundo popular y en gran medida el patrimonio alimenticio de muchas familias.  Esta vez,  sin embargo, la gente empobrecida no se ha doblegado y ha demostrado que no se le puede aniquilar con facilidad.

              No es desatinado plantear que la actual crisis es de vida o muerte. “Estamos en una pelea por nuestros derechos y lo que nos corresponde”, dicen dirigentes sindicales  de la Caleta Portales de Valparaíso, punto de encuentro de los que llegan de todo el país y enfilan masivamente  hasta la sede del Congreso Nacional, donde puede decidirse su suerte.

              El gremio artesanal está en la senda de las grandes movilizaciones populares, la del estallido social y la que han tenido  todos aquellos que han salido a las calles por cambios profundos que mejoren sus condiciones de vida. De manera inédita en el puerto principal ha habido asimismo bloqueo de buques cargueros que se disponían a atracar, a raíz de lo cual intervino personal de la Armada disparando balines de goma a la cara y el cuerpo de los manifestantes dejando una decena de heridos.

               Para variar los diarios de la oligarquía – los únicos  que circulan desde la dictadura -  desinforman y  critican lo que llaman “violencia” de los pescadores. Se empeñan en desconocer que estas manifestaciones no nacen de la nada,  sino que a raíz de dicha ley corrupta promulgada hace 13 años que agudiza la certeza de que la casta política está desprestigiada y desacreditada. De muestra un botón: un senador de la UDI pinochetista (Orpis) fue a la cárcel condenado por corrupción.

              La gente de las madrugadoras jornadas artesanales, los pescadores y sus familias, son puro pueblo,  y de ahí las permanentes odiosidades en su contra  orquestadas  por el sistema neoliberal. Es también lo que demora  la tramitación  de la ley de fraccionamiento en la comisión de hacienda del Senado, presidida e integrado mayoritariamente  por políticos de extrema derecha.

              Hay hambre en las caletas, pero las protestas en Valparaíso, San Antonio y Quintero, en  Coquimbo, El Maule y Bío Bío y otras partes del país no decrecen. Los desastrosos resultados de la privatización  ha provocado la destrucción  de la mitad de las pesquerías, cesantía, concentración económica y debilitamiento del sector artesanal, pero las banderas de lucha  por equidad y justicia siguen en alto.

              Es necesario la pronta derogación de la ley Longueira marcada por la corrupción ha depredado el mar chileno y es hora  de que las bancadas parlamentarias tengan una visión más amplia y sustentable tal como lo pide la ciudadanía.

              Chile es el único país del mundo  donde los dueños de los barcos deciden  cuánto se pesca. El poder del dinero impone la ley del mar, en que el pescado más grande se come al más chico.

 Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso