Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
La insolencia y la desfachatez de las poderosas transnacionales hacia Chile y su gente no tienen límites: no solo se han llevado de aquí sacos de oro, sino que ahora pretenden seguir sintiéndose dueños de servicios indispensables y continuar imponiendo el poder del dinero, sin reparar en que el pueblo a partir de sus multitudinarias manifestaciones de este siglo va marcando el rumbo hacia una democracia plena, sin tutores, con absoluta autonomía e independencia.
Ello, a raíz de la aprobación en el Congreso de la reforma previsional tras un acuerdo del gobierno y sectores opositores, que en definitiva – lo más importante - permitirá el aumento de las pensiones a 2 millones 800 mil personas de la tercera edad que al paso de los años han sido objeto de impresentables tramitaciones.
No es lo que las mayorías esperaban, ya que la reforma mantiene en pie al sistema de AFP – creado por la dictadura – pero en este escenario en que el oficialismo se encuentra en minoría parlamentaria se instalan cambios mínimos que para La Moneda constituyen un acontecimiento histórico.
Desde el gobierno se escuchan voces jubilosas porque “vamos a poder mirar de frente a los adultos mayores y decirles que avanzamos”. Casi un millón de mujeres recibirán una compensación por la brecha en sus pensiones y más de un millón de personas que se han esforzado cotizando serán reconocidas por sus años de trabajo.
Después de 43 años se ha producido una reforma previsional que le cambia la cara a lo que hizo la dictadura a comienzos de los 80. Ahora se pasa de una lógica individual a complementarla con un seguro social y un acercamiento a principios que son tan razonables y necesarios en una sociedad como la nuestra, se destacó desde el Ejecutivo.
Lo que algunos calificaron en la Cámara de Diputados como un “cogoteo a los trabajadores” se refleja en el malestar de quienes no aceptan que las AFP sigan existiendo, pero a lo largo de la historia las luchas no se han dado en un solo día. Al final del camino de los pueblos, su desaparición se considera fundamental. Hasta ahora hay quienes ponen en duda que con el sector empresarial privado de por medio haya beneficios para las personas modestas.
Aquí ha habido muchos intereses económicos que no querían que la reforma saliera adelante. Principalmente la asociación de AFP que llevó a cabo una multimillonaria campaña para que nada cambiara y aunque van a seguir administrando cuantiosos recursos, su imagen como máquina de ganar dinero se deteriora cada vez más.
Mientras en Chile hay opiniones divididas, desde Estados Unidos llegan críticas a la reforma que se originan en las mismas faldas del magnate Trump. Las críticas están contenidas en una carta enviada al gobierno chileno por potentados norteamericanos que controlan tres de las AFP que operan en el país, expresando su preocupación por la nueva ley que entrará en vigencia en los próximos seis meses.
Sin considerar en lo más mínimo la voluntad del pueblo chileno, los inversionistas yanquis – acostumbrados a actuar sin control alguno – hablan de que esta reforma constituye una “expropiación” de inversiones extranjeras y de una violación de los acuerdos de libre comercio. De esas tres administradoras, dos son las que aplican las mayores omisiones del mercado.
Tales expresiones, que no conocen la realidad chilena, hacen lo posible por desentenderse de las miserias por las que deben atravesar los jubilados, sus pensiones y sus dificultades para afrontar sus diarias necesidades. Un alto porcentaje de la tercera edad presenta una severa desnutrición, lo que nunca ha interesado a los dueños de las administradoras privadas.
El proyecto recién aprobado contempla resguardos especiales para proteger los fondos. Los afiliados no son propiedad de nadie, porque son personas. En un sistema obligatorio si el mercado no es eficiente en términos de costos, es necesario regularlo, sostiene La Moneda.
Los inversionistas yanquis, ocupados únicamente en su objetivo de seguir acumulando dinero y patrimonios, con desprecio por el resto, advierten en su carta que esta reforma va a desincentivar la inversión a largo plazo y perjudicará el mercado de capitales chilenos. La carta dice que el Estado chileno podría caer en incumplimiento de acuerdos internacionales.
En Chile este no es el momento de AFP, de transnacionales ni de controladores amenazantes. Años atrás, la dictadura abrió el Estado y lo entregó a acaudalados intereses foráneos cuyo tiempo se acabó y está cerca de su término, tal como lo demandan las mayorías. Definitivamente el pinochetismo debe quedar en el pasado.
Hoy el pueblo se esfuerza por construir una democracia en plenitud, justa y solidaria, en la que los empresarios inescrupulosos no tienen espacio ni cabida. Acordarse de los jubilados que viven en la pobreza y en abandono, es un paso significativo.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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