Autor: HUGO ALCAYAGA BRISSO
Aunque hay decenas de miles de damnificados con el agua al cuello que se suman a aquellos otros tantos que lo perdieron todo – incluyendo la vida de sus seres queridos – en el mega incendio de febrero, desde este mes de julio rige un importante aumento de las tarifas de un servicio vital para la población como es el suministro de la energía eléctrica.
Se trata de un reajuste sustancial de entre un 35% y un 40%, según consumo y región, que se aplica en el peor momento tras los temporales de lluvia y viento, cuando con frecuencia se declara estado de alerta roja y las recientes inclemencias climáticas tienen el carácter de históricas porque son las más violentas y persistentes en lo que va de este siglo.
Incontables familias afectadas por las inundaciones e inhabitabilidad de sus casas esperan una mano solidaria del gobierno con la mayor urgencia, pero en cambio han recibido este artero golpe bajo propinado por el poder del dinero que maneja a su antojo al país y su gente, sin una necesaria salvaguarda estatal que proteja a la población.
El pinochetismo y la ex Concertación, que lo privatizaron todo, son los verdaderos responsables de la enorme deuda de 6.500 millones de dólares que el Estado mantiene con grandes empresas transnacionales que generan y distribuyen la energía eléctrica. Realmente debe ser el Estado chileno el que recupere esa doble función, que ahora le pasa la cuenta a la ciudadanía.
Hoy el oficialismo avala esta alza y no solo no dice media palabra de rechazo, sino que ha salido a recordar que las tarifas eléctricas estaban congeladas desde fines de 2019. Ese fue el memorable tiempo del estallido social, cuando gobernaba el empresario Piñera, y las formidables multitudes en las calles frenaron la embestida que se preparaba contra el pueblo.
Ese congelamiento se fue extendiendo a raíz de los efectos de la pandemia y la elevada inflación instalada en el país. Hoy la situación se mantiene, los precios de todo están por las nubes, los salarios permanecen insuficientes y Chile continua pasando de una emergencia a otra con facilidad, porque las desgracias no dan tregua en medio de un injusto sistema socioeconómico.
Factores como el desempleo, los despidos, la falta de oportunidades y el endeudamiento apabullan a los chilenos, atribulados por subsistir en un país que no puede aún desprenderse del modelo de desigualdades dejado por la dictadura y corroborado por las dos derechas. Recibir de pronto un nuevo castigo tarifario en un servicio fundamental, no es lo esperado.
En estos momentos el tema recurrente en Chile es la alarma meteorológica, los efectos del crudo invierno que ha comenzado y las consecuencias que se pueden presentar en las semanas que vienen. Por ahora la urgencia de las clases populares es reparar sus viviendas, la situación de aislamiento de muchas personas, las consecuencias del desborde de ríos, esteros y canales, los derrumbes, deslizamientos de tierra, socavones por todas partes, etc., de todo lo cual hay que preocuparse en lo inmediato.
Los esfuerzos de los damnificados por afrontar el colapso de su entorno no pueden ser aminorados por la orden de pago que se les ha puesto por delante. Sobre todo por el precario servicio eléctrico que reciben, puntualmente en cada lluvia que cae. Los apagones que afectan a gran cantidad de hogares se producen tan pronto empieza a lloviznar.
Hay instancias moderadoras como un impensado “mecanismo de protección al cliente” y hasta una “ley de estabilización de tarifas eléctricas”, que no funcionan para la ciudadanía porque solo permanecen estables las ganancias de las empresas transnacionales que operan en el sector. Desde ya se anuncian nuevas alzas para los meses de octubre y enero próximos.
Estas son medidas antipopulares que se registran en un año electoral. Por eso el gobierno ha dispuesto un subsidio para el 40% más pobre para lo cual las familias inscritas en el Registro Social de Hogares deben inscribirse oportunamente. Tras una ola de reclamos se determinó una ampliación del subsidio que favorecerá a unos 10 millones de personas.
El ministro de Hacienda (Marcel) siempre en la esquina opuesta a las aflicciones de la calle, se ha apresurado a decir que “sin nuevos recursos no se puede subsidiar más las tarifas de la luz”. Pero no se le ocurre proponer ninguna otra fórmula. Menos aún que esta sea una función del Estado y no de empresas que abusan porque saben que están exentas de recibir cualquier sanción.
Hay voces que llaman a explorar diversas opciones para expandir los apoyos a quienes son víctimas de este violento mazazo. Se teme que las consecuencias de este golpe afecte no solo a las familias, sino también a la actividad laboral especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales quedan en riesgo de ir a la quiebra.
Todo sería distinto si el Estado decidiera asumir la que es hoy una cuantiosa deuda, la renegociara y la pagara en mensualidades. Pero al gobierno y a la casta política no les inquieta que a millones de sufridos compatriotas cuyos precarios presupuestos hogareños no alcanzan para cubrir todo el mes, literalmente les siga lloviendo sobre mojado.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
