Autor: MANUEL CABIESES DONOSO
La profundidad de la crisis de legitimidad institucional que sacude Chile hace inviable una salida consensuada del pueblo en rebeldía con la casta política y oligárquica.
El presidente Piñera y su equipo no admiten -porque no lo entienden- que esta crisis es esencialmente política. En cuestión de días se derrumbó como un castillo de naipes el monumento al neoliberalismo que construyeron los Chicago Boys. El pueblo en rebeldía está impugnando el modelo de dominación económica, social, política y cultural que el terrorismo de estado instauró en Chile.
No estamos frente a un “estallido social”, como se le caracteriza en los medios. No hay “estallido” que se prolongue más de 50 días. Es algo más profundo y permanente. Continúa desafiando una represión de niveles atroces y rechazando las maniobras politiqueras que intentan domarlo. Su naturaleza tiene características de insurrección pacífica, desarmada y sin liderazgo reconocido, pero que -como toda insurrección popular- busca instaurar un nuevo orden social y cultural, más democrático y participativo. Escapa a los estereotipos históricos y esto hace que sectores ideológicos anclados en el dogmatismo sean incapaces de reconocer la naturaleza de lo que está ocurriendo. Es la gran oportunidad de reconstruir la Izquierda chilena de este siglo, participando -sin pretensiones de hegemonía- en el torrente del cambio social y cultural que se ha puesto en marcha.
El gobierno del presidente Piñera enfrenta la coyuntura tal como lo haría el empresario Piñera. En ese sentido es leal consigo mismo. El criterio que lo guía es el mercantilismo. El culto al dinero que todo lo puede y por eso intenta comprar al pueblo. Pone sobre la mesa 5.500 millones de dólares para hacer frente al desempleo y agrega unas cuantas dádivas que no repararán las pensiones y salarios miserables. Ninguna de las medidas del gobierno toca un pelo al 1% que concentra el 22,6% de los ingresos y la riqueza en el país (1). Y mucho menos de las empresas mineras cuyas exorbitantes ganancias constituyen un insulto a la soberanía y dignidad de Chile. El ministro de Hacienda corrobora con énfasis que no hay intención alguna de aumentar los impuestos a los que más ganan y ni siquiera de aplicar medidas rigurosas para impedir las evasiones y triquiñuelas tributarias que roban al país miles de millones de dólares.
El presidente Piñera y su equipo no pueden actuar de otra manera. Ellos son la quintaesencia del neoliberalismo. Entretanto la caldera social hierve, la economía se hunde, el Banco Central inyecta 20 mil millones de dólares para frenar el alza del dólar, la fuga de capitales ya supera los 14 mil millones de dólares, y la aprobación al presidente Piñera oscila entre 4,6% y 10% en las encuestas.
Impresionantes son las cifras de la represión. Más de 25 muertos, 600 heridos (entre ellos 240 que han perdido uno o los dos ojos), 50 mil detenidos, centenares de hombres y mujeres torturados y sometidos a vejámenes sexuales. Un récord tenebroso para un presidente que decía representar el ala liberal de la derecha.
La realidad indica que el país necesita un periodo de transición hasta que la Asamblea Constituyente culmine su trabajo y someta a plebiscito la nueva Constitución.
La transición necesariamente debe comenzar con la renuncia del presidente Piñera y la retirada del escenario de su equipo político. Resultaría intolerable para la recuperación democrática y pacificación del país que el presidente continuara otros dos años en La Moneda. Se necesita un cambio del elenco gobernante para que el pueblo comience a confiar de que sus demandas serán atendidas.
La insurrección abarca un vasto campo social y cultural, es pluriclasista y en su seno confluyen distintas corrientes ideológicas. Muestra una enorme capacidad de organización que en la base social tejen millones de protagonistas anónimos. Destacan la participación femenina, de los jóvenes, los trabajadores y personas de mayor edad, cuya diferentes formas de lucha empujan en conjunto hacia el cambio social y cultural del país.
La elite oligárquica y la casta política a su servicio tienen todavía recursos para prolongar su hegemonía. Están aderezando un pastel de leyes represivas y una versión adocenada de la Asamblea Constituyente para que esta fracase y no cambie nada. Pretenden pre fabricar la nueva Constitución mediante un entramado de reglamentos y disposiciones que limiten la autonomía de los constituyentes. La casta política pretende bloquear el paso a una democracia con justicia social y participación popular.
Hay que impedir a toda costa que tales maniobras tengan éxito. Si lo consiguieran frustrarían el más grande esfuerzo colectivo de nuestro pueblo en toda su historia.
MANUEL CABIESES DONOSO
5 de diciembre 2019.
(1) Cepal, “Panorama Social para América Latina 2019”.
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